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La persona imputada como narcotraficante aspira a ser asistida legalmente por un abogado competente. Pero no solo se trata de una aspiración normal de quien se halle en semejante disyuntiva, sino que es un derecho constitucionalmente reconocido, que consiste en la obligatoriedad de proveer, a toda persona objeto de enjuiciamiento, una defensa de la más alta categoría.
Por ende las narcoextradiciones son un tema delicado puesto que el tráfico de drogas es uno de los delitos que con mayor rigor se persiguen en los diferentes Estados debido al impacto social que generan ya que pueden poner en riesgo la salud de las personas y encierran un alto índice de peligrosidad social.
El cura detenido junto a su pareja por tráfico de drogas en Don Benito niega tener "conocimiento de nada"
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No sería justo responsabilizar a nuestra policía del desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, pues el problema de raíz es la ineficacia de nuestras Cortes Generales para legislar a tiempo y de forma clara.
La persona que ha cometido un delito debe de ser informada de los hechos que se le atribuyen y de los indicios racionales que concurren sobre su participación. El conocimiento tanto de los hechos como de los indicios no solamente es un derecho constitucional; sino que además es necesario para un adecuado ejercicio del derecho de defensa.
A un lado tiene a una traductora que descifra la última frase como “Pido clemencia”. Al otro está la abogada Helhue Sukni, que minutos antes, en su última intervención en este juicio, ha dicho que su cliente no es parte de ninguna asociación ilícita. Agrega que cuanto más puede ser condenado por conspirar para traficar drogas, lo que supone una pena bastante inferior a la que pide la fiscalía. Ya no hay más que decir. El italiano y otros seis acusados son llevados de regreso a la cárcel. La abogada sale al patio del Centro de Justicia, enciende un cigarrillo y revisa una agenda donde anota las actividades del día. Ese lunes 13 de junio tiene programado un juicio oral y siete audiencias en que debe abogar en favor de personas acusadas de traficar drogas, cometer robos, asaltos u homicidios. Algunos de sus clientes que ocupan su día han ganado celebridad pública. Como el mismo Francesco Brandi. Como Michel Quezada Lagos, líder de la banda de narcotraficantes Los Ciprianos. Como tres de los cuatro amigos con que el estudiante de Derecho de la Universidad Católica Dan Díaz Fuenzalida protagonizó un violento asalto a mano armada en la casa de un narcotraficante de Pedro Aguirre Cerda.
Entre estos derechos, el texto incluye el derecho de la persona investigada a ser informada de los hechos que se le atribuyen, con detalle suficiente para ejercer el derecho de forma efectiva. Además, en su apartado primero, letra b) refleja el “Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración”. Se ha transpuesto literalmente el artworkículo 7.three de la Directiva 2012/13/UE.
Elblogdelnarco.com presenta un vídeo de la ejecución de click here five personas de las cuales 2 en el vídeo indican ser pertenecientes al crimen organizado de Mante «Zetas» y que fueron detenidas por integrantes del cartel regional de González «CDG».
El abogado del sacerdote detenido junto a su pareja en Don Benito, Badajoz, por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes asegura que su cliente no 10ía conocimiento alguno de estos hechos y que no existen pruebas que le incriminen.
Nos quedaría sólo analizar un tercer supuesto. Sería aquel en el que un imputado sea citado a declarar en sede policial en calidad de investigado no detenido. Acudir a esa citación no es obligatorio.
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Conocimientos especializados: Los abogados expertos en extradiciones deben tener conocimientos especializados en derecho internacional y extradición. Asegúrese de que el abogado tenga la capacitación y la experiencia adecuadas en esta área.
El ámbito de aplicación de esta Directiva, recogido en su artworkículo 2, oscila “desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción penal, hasta la conclusión del proceso”.
